La deducción de las colegiaturas, un decreto por equidad.

Tener la Razón

Por Herberto Rodríguez Regordosa

                La obligación y el derecho de educar es fundamentalmente de los padres de familia; el Estado coadyuva y participa subsidiariamente  en la educación por dos razones fundamentales: la primera es la precaria situación económica de muchas familias que les impide ofrecer la adecuada educación a sus hijos, el Estado debe brindar oportunidad a todos por igual; la segunda es que el Estado  gana eficiencias de escala al administrar y coordinar un sistema público  de calidad.

                La educación privada no debe verse como la ausencia del Estado, sino como la libre elección de las familias que pueden sufragar los costos y que deciden el tipo de educación que quieren para sus hijos. En los países desarrollados la educación pública es de calidad y a su vez el Estado apoya de manera directa o indirecta la educación privada ya que ésta de alguna manera, alivia y coadyuva a fortalecer el sistema educativo nacional. Un caso que conozco es el español; la educación pública es preponderante sin embargo, el Estado apoya directamente a las familias que llevan a sus hijos a escuelas privadas mediante un esquema directo de concertación en el cuál se cubren con recursos públicos hasta el 50% de las colegiaturas; incluso en escuelas en las que se imparte educación religiosa.

                En México la educación privada es importante, considerando los niveles que han sido en el decreto del Presidente Calderón ésta representa casi el 13% del total. Relevante pero no mayoría. En los niveles que son obligatorios, la educación privada no tiene más del 10% de participación, dicho porcentaje se mueve conforme se avanza en los niveles. En bachillerato, la educación privada alcanza casi el 19% pero recordemos que no es un nivel obligatorio.

                ¿Cuál es el impacto de la deducción de las colegiaturas en las finanzas públicas? Considerando los datos del ciclo escolar 2008-2009 y los importes máximos que han sido publicados en el decreto y suponiendo además que el 100% deduce los recibos de las escuelas en su declaración anual, la “pérdida” de los ingresos fiscales sería cercana a los 21 mil millones de pesos, de los cuales la mitad aproximadamente serían generados en el nivel de bachillerato y de profesional técnico; es decir en niveles no obligatorios donde hoy el Estado no tiene la capacidad de atender la demanda. Hay que recordar que el bono demográfico se encuentra precisamente pasando por éstos niveles.

                Si vemos las cosas desde una perspectiva diferente, la educación privada está resolviendo más o menos bien sus problemas educativos sin darle mayores problemas al Estado, el cuál por supuesto tiene que establecer los estándares y vigilar la calidad de lo que se enseña, pero nunca como rector sino como promotor y garante de los derechos de los ciudadanos. La educación privada y la pública deben ser igualmente buenas; ambas pueden subsistir y generar una sana competencia.

                Creo que el decreto es por la equidad, me explico: Las familias que pueden pagar educación privada son tan mexicanas como aquellas que por no contar con recursos ó por convicción, mandan a sus hijos a la educación pública. El Estado dedica al año más de 800 mil millones de pesos en educación que salen de los ingresos fiscales, los cuáles sufragan los contribuyentes y los ingresos petroleros. Es equitativo  entonces que todos los ciudadanos accedan a los beneficios de la educación financiada por el Estado, de manera directa o indirecta. Un dato interesante es que el importe máximo de la deducibilidad total correspondería al 2.6% lo que invierte el Estado, incluyendo educación superior, y con este recurso la educación privada está contribuyendo a casi el 13% de la matrícula total de los niveles analizados (35% en  el caso de la educación superior). Visto así, la educación privada está realmente “ahorrando” recursos al Estado que pueden ser destinados a otros fines. Otro dato importante que hay que anotar es que en promedio un alumno de educación pública, en los niveles incluidos del decreto, le cuesta al estado 19 mil pesos anuales.

                Finalmente pienso que una política pública de esta trascendencia, debe incorporar también el nivel de la educación superior que naturalmente es el que cuesta más por alumno. Creo que el Presidente no lo ha hecho por varias razones: la primera es que al Estado invierte en este nivel casi 60 mil pesos anuales por alumno  y siguiendo la política del decreto este sería un monto deducible muy importante; además que dicha cantidad supera el promedio de lo que cobran las instituciones privadas de educación superior en el País, incluyendo a las de calidad. La segunda es que la educación privada a este nivel, (y sin incentivos), se mantiene creciendo de manera acelerada,  ha ganado terreno a la educación pública y no necesariamente prevalecen los criterios de calidad. La tercera y no menos importante, es que la labor de investigación y extensión que realizan las públicas sería difícilmente alcanzable por las privadas que se concentran en la  docencia; si hicieran investigación  en serio su la estructura de costos sería muy diferente.

                La educación privada también es un asunto de Estado y este decreto es un buen inicio para reconocerlo; pero estoy convencido  que México necesita reformar de fondo su sistema educativo y que no podemos esperar más porque perderemos a la más importante generación de jóvenes que haya existido jamás en nuestro país; ¿Lo tendrá claro la Maestra Elba Esther?